La denominada tasa Amazon, aprobada por el consistorio de Barcelona el pasado mes de febrero entra en un momento de impasse. La Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado su intención de anteponer un recurso frente a esta ordenanza municipal.
La tasa Amazon o TREC (tasa de reparto de ecommerce) distorsiona el mercado, entiende la CNMC, porque solo afecta a las entregas de objetos adquiridos por internet. A su juicio, la decisión adoptada por el ayuntamiento es desproporcionada. La entidad entiende que modifica las reglas del juego de la distribución comercial minorista y en el mercado de la distribución postal.
El actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha intentado que el organismo regulador no recurriera la normativa. Para ello ha entregado varios trabajos de distintas universidades. El objetivo de esta tasa Amazon pasa por conseguir un consumo más sostenible, y para ello optaron por gravar el uso del espacio público de los mensajeros al repartir los paquetes. El gravamen se calculó teniendo en cuenta el coste que supone esa ocupación de la vía pública, estimado en unos 2,6 millones de euros.
Situación de debilidad frente a los comercios físicos
Competencia cuestiona la carga impositiva sobre los 26 operadores postales que reparten paquetería en Barcelona. En concreto el regulador alude a que no se cobra esa tasa a las entregas a domicilio de bienes adquiridas en comercios físicos o mediante venta telefónica. Tampoco quedan gravadas las entregas que no haga un operador postal, aunque sean compras procedentes de ecommerce.
La CNMC también señala la incoherencia de que queden fuera de la tasa los operadores postales con una facturación inferior al millón de euros. No existe ningún estudio encargado por el ayuntamiento que evidencie que estos utilicen menos el dominio público que los operadores con más facturación.
La tasa Amazon o TREC entró en vigor el pasado mes de marzo. Ya entonces Unl (la patronal de la logística y el transporte) protestó fervientemente contra ella. Llegó a calificarla de discriminatoria y antisocial. Incluso intentó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbara la ordenanza, aunque este la rechazó como medida cautelar.
El anterior gobierno municipal de Barcelona reivindicó esta medida como la primera en una ciudad para gravar el comercio electrónico. Ahora el proceso entra en un escenario de espera. En cualquier caso, las empresas afectadas por la medida no deben liquidar la tasa hasta el ejercicio siguiente, en julio de 2024.
